El amianto o asbesto es reconocido hace décadas como un material cancerígeno y causante de enfermedades mortales. Su uso fue prohibido en España en 2002 con el mandato de retirarlo de todos los edificios antes de 2028.
El INE estima que, desde 1998, casi 7.000 personas han fallecido en España por estar en contacto con este mineral que, según los expertos, tarda en dar la cara entre 20 y 50 años después de la exposición de los pacientes por inhalación de sus fibras. Y lo que es más grave, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR, añade que en España los fallecimientos por exposición a este material podrían alcanzar la cifra de 130.000 antes del año 2050.
Pese a que los datos avalan la gravedad de este problema de salud pública que algunos no dudan en calificar de pandémico, y aunque su utilización fue prohibida hace ya dos décadas, no ha habido actuaciones decididas por retirar un material que fue de uso masivo durante décadas por sus propiedades aislantes, de flexibilidad y resistencia.
Según estimaciones del Consejo General de la Arquitectura Técnica CGATE, en España aún quedan unas 2,6 millones de toneladas de productos con fibras de amianto instaladas en edificios. El obligado “desamiantado” es un reto económico y profesional de primer orden que ha de ser realizado por empresas especializadas.
Sin embargo, las últimas modificaciones legislativas sí incluyen subvenciones a la retirada del amianto en el caso de que forme parte de la ejecución de las obras de mejora de la envolvente térmica del edificio (que supongan mejora de la eficiencia energética o incorporen energía renovable). Los cambios incluyen la retirada de las placas con amianto y su sustitución por paneles sándwich u otros sistemas bajo teja eficaces y que proporcionen eficiencia energética a los edificios.
“En aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto, podrá incrementarse la cuantía máxima de la ayuda en la cantidad correspondiente a los costes debidos a la retirada, la manipulación, el transporte y la gestión de los residuos de amianto mediante empresas autorizadas. Se aportan hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación”, señala el Real Decreto que regula las ayudas.
La Xunta de Galicia se adelantó a finales de septiembre con una disposición que contempla subvenciones para la instalación de fuentes renovables para autoconsumo y almacenamiento que incluyen expresamente la retirada del amianto de las cubiertas.
Parece una oportunidad única para no demorar más una actuación que deberemos llevar a cabo inevitablemente y que es además una causa de preocupación sanitaria de primer orden.
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